Propuesta de Reforma Fiscal

Alfonso del Río Moreno. Abogado. Asociado Senior Deloitte Abogados Alfonso del Río Moreno.
Abogado. Asociado Senior Deloitte  Abogados

Colaborador académico de FIKAI

Dos partidos, EAJ-PNV y PSE-EE, acaban de suscribir un pacto recogido en un documento en el que dan cabida a “cuatro acuerdos de País”: el acuerdo para impulsar la economía y empleo, el pacto fiscal, el de la revisión de la estructura institucional y de la Administración y, por último, el de sostenimiento del modelo social vasco.

Es el segundo de dichos pactos, el de la fiscalidad, el que ahora nos ocupa, y más concretamente, el anexo del mismo que desarrolla los cambios propuestos para el impuesto sobre la renta de las personas físicas (en adelante, IRPF).

Antes de abordar las propuestas para un futuro IRPF, hay que dar al acuerdo, el marco que le corresponde. A día de hoy, es un acuerdo entre dos de las fuerzas políticas más importantes de Euskadi, que necesitará de apoyos adicionales de otros partidos para que las tramitaciones de sus propuestas, además del marco que se quiere aprobar en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, acaben en reformas legislativas en las Juntas Generales de los Territorios Históricos. Ello a salvo quizá de Bizkaia, donde ambas fuerzas juntas alcanzan mayoría suficiente. Por ello es posible que las reformas finalmente aprobadas difieran en algún sentido de lo ahora acordado y que se desarrolla a continuación.

Entrando ya en la materia de dicho impuesto, hay que comenzar enunciando los “principios generales” pretendidos. Estos son, según el acuerdo, la búsqueda de una mayor progresividad, la garantía de la contribución personal adecuada a la capacidad económica del contribuyente, el incremento de la eficiencia de determinados beneficios fiscales, la disuasión de conductas contrarias a la búsqueda artificiosa de una menor tributación… Todas esas medidas, en resumen, encaminadas a incrementar la recaudación.

En cuanto a la progresividad, se proponen nuevos tramos de gravamen para bases liquidables de la parte general superiores a 91.370€ (al 46%),  para las superiores a 121.820€ (al 47%) y para las bases superiores a 177.650€ (al 49%). Además, la tarifa de la base del ahorro, pasaría a ser un 21% para los primeros 15.000€, 23% para los siguientes 15.000€ (entre 15 y 30 miles de €) y un 25%, para el resto.

Se limitan las cantidades que antes quedaban exentas, bien por irregularidad (se propone un límite de 300.000€ para integración reducida), o por despido (proponen un importe fijo exento máximo de 180.000€).

Además, la deducción por adquisición (que no alquiler) de vivienda se vería también limitada: a pesar de que el crédito fiscal global (en toda la vida del contribuyente) seguiría siendo 36.000€, la mayor base de deducción bajaría de 10.000€ a 8.500€ y los tipos de deducción serían del 18%, incrementándose solo hasta el 20% para familias numerosas o jóvenes.

En cuanto a las aportaciones a sistemas de previsión social, el límite empresarial se fijaría en 8.000€ y el individual, en 5.000€, permitiéndose solo una aportación global de 12.000€. Los mayores de 52 años ya no podrían aportar cantidades superiores a dichos importes, que les dieran derecho a reducción, y se eliminaría la deducibilidad de aportaciones tras la edad de jubilación.

Acerca del mayor control deseado, se enuncian varias propuestas para los contribuyentes que tributan por actividades económicas: se busca un régimen distinto (de estimación directa simplificada) que sustituya a los módulos, y se limitaría la deducibilidad de ciertos gastos con un historial de dudosa procedencia en este tipo de rendimientos por cuenta propia, como son los vehículos, restauración, regalos, promoción…

Y para terminar, se elimina la deducción por edad para rentas superiores a 30.000€, la deducción por donativos se bajaría del 30% al 20%, y se propone una nueva deducción por la participación de los trabajadores en sus empresas.

Sin ánimo de ser exhaustivo, estas serían las medidas más relevantes que afectan a la fiscalidad de las personas físicas, además de la propuesta de gravamen de un 1,5% para sucesiones en familiares de línea recta cuando la base (cantidad a heredar por cada contribuyente) supere los 400.000 euros.

Como conclusión, recordemos que estamos solo ante un compromiso de voto por parte de los dos partidos firmantes del pacto. Un pacto que asegura tener como uno de sus objetivos la armonización fiscal de los Territorios Históricos. Ello nos lleva a concluir que a los concretos términos de este pacto les queda un largo recorrido hasta su aprobación. Un camino en el que habrán de buscar apoyo de otros partidos y después, poner de acuerdo a las distintas Juntas para lograr esa ansiada armonización fiscal. Con el tiempo, veremos qué se pierde, qué se añade y qué permanece de todo lo expuesto, a lo largo de ese camino.

Traerá cola. En cualquier caso, buena suerte.

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